El alquiler vacacional ha sido el gran tema del verano, un
tema que ha desbordado a políticos y lobbys de presión, que no han sabido como
acometer la avalancha que se ha producido y que están haciendo encaje de
bolillos para poder tejer legalmente algo coherente y con recorrido. Las
últimas previsiones apuntan que para el verano 2017 habrá una normativa
consensuada que regule esta actividad, que para muchas familias supone un plus
en sus mermados ingresos, mientras que para muchas agencias representan un
filón a explotar sin miramientos a beneficio propio.
Si realmente estamos inmersos en un plan de cambiar nuestro
turismo para que vengan visitantes de mayor calidad, sería recomendable que
también se potenciará en la futura norma, aportando valor al arrendatario
cuando apueste por clientes tipo familiar en lugar de grupos juveniles que
parecen sacados de realitys televisivos. Al final el beneficiado será el
casero, el supermercado, el bar, la pizzería
y otros servicios que se vuelquen con este turismo para que vuelva a su
casa contento y con ganas de repetir.
Según las crónicas, la clase hotelera ya trabaja en esa
faceta y están obteniendo resultados, aunque también es bien cierto que hay y
seguirá habiendo, establecimientos especializados en jóvenes que ofrecerán lo
que vienen buscando a nuestro municipio. Pero no nos engañemos. La convivencia
de estas naturalezas turísticas es inevitable, aunque si puede minimizarse la
extensión del turismo contraproducente con nuestra imagen o con la convivencia
social, ya que por mucho twitter o publicidad que se haga donde sea, cuando uno
tiene veintipocos años y se va de
vacaciones con los colegas a la playa siete días, es difícil que aflore lo
aprendido en el manual de las buenas maneras. Ahí es donde instituciones públicas
y privadas deben actuar para que prevalezca un destino cómodo, seguro y
atractivo a beneficio de residentes y visitantes.
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